Una demanda colectiva presentada en tribunales estatales de Maine alega que agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaboraron fichas sobre personas que observaban o protestaban contra operaciones del servicio de inmigración ICE y las almacenaron en un sistema diseñado y gestionado por Palantir. La versión censurada de los documentos se hizo pública el viernes 2 de octubre tras la información de la revista Wired. Se trata de alegaciones de los demandantes, no de hechos probados por un tribunal, y tanto DHS como Palantir las rechazan o matizan.
Qué sostiene la demanda
Según la información publicada, el caso se presentó como una demanda colectiva propuesta por observadores de las operaciones de ICE, quedó bajo sello en septiembre y se liberó en versión censurada el viernes. Los hechos serían de enero de 2026, durante una operación de inmigración en Maine. Los demandantes afirman que los agentes registraron datos de personas que no eran sospechosas, sino ciudadanos que ejercían el derecho a observar y documentar: fotografías, matrículas de vehículos, direcciones y números de teléfono. Uno de los ejemplos citados es el de una mujer que fotografió una detención desde una acera pública en Portland y cuyos datos familiares, según los documentos, aparecieron días después en una base de datos federal.
El sistema: Investigative Case Management
La base de datos mencionada es el Investigative Case Management (ICM), el sistema de gestión de casos de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que, según los informes, está construido sobre el software Gotham de Palantir. Un análisis sobre el caso señala que el sistema comparte automáticamente registros de sujetos con el sistema de control de viajeros de la Patrulla Fronteriza (CBP), lo que, de confirmarse, podría permitir vigilar a personas que realizaban una observación protegida constitucionalmente. Conviene precisar un matiz: el borrador original hablaba de «IA», pero lo que describen las fuentes es un sistema de gestión de casos y análisis de datos, no se ha acreditado un uso concreto de inteligencia artificial en este episodio.
Otras alegaciones
La demanda también sostiene que agentes de DHS pasaron en coche junto a las viviendas de observadores y manifestantes para intimidarlos, y que un agente identificado en el escrito como «Agent J.C.» creó perfiles en ICM sobre seis de ellos. JoAnna Suriani, abogada de Protect Democracy que representa a los demandantes, resumió la tesis: el Gobierno trata a quienes ejercen sus derechos de la Primera Enmienda y buscan pedirle cuentas como si fueran sospechosos criminales, y eso es lo que piden que el tribunal detenga.
Las respuestas de DHS y Palantir
Un portavoz de DHS calificó la demanda de carente de mérito y negó haber creado un sistema que etiquete a los manifestantes como «terroristas domésticos». Palantir, por su parte, ha rechazado en otros contextos la idea de que actúe como un organismo de vigilancia: afirma que solo proporciona software, que no recoge ni almacena datos por su cuenta y que son los clientes gubernamentales quienes deciden qué se introduce en el sistema; un portavoz ha calificado de «infundadas» las acusaciones de manifestantes sobre sus contratos. Organizaciones de defensa de las libertades civiles sostienen, en cambio, que sus herramientas están presentes en casi todas las fases de la cadena de aplicación de ICE.
Un debate más amplio
El caso se suma a una controversia previa sobre el papel de Palantir en la inmigración. La Electronic Frontier Foundation publicó en enero un análisis sobre otra herramienta, llamada ELITE, que según informaciones de 404 Media muestra un mapa de posibles objetivos con un nivel de confianza sobre su domicilio. En las últimas semanas, además, enfermeras han protestado en varias ciudades contra los contratos de Palantir con sistemas sanitarios, un movimiento que enlazaba esas preocupaciones con las del uso de sus herramientas en inmigración, como contamos en nuestro artículo sobre los turnos de enfermería. Fuentes especializadas advierten también de que el debate jurídico y ético sobre si estos usos constituyen vigilancia masiva o documentación operativa dirigida sigue abierto.
Qué implica en la práctica
- Para el proceso judicial: el tribunal deberá decidir si las alegaciones se sostienen; hasta entonces, son afirmaciones de una parte.
- Para el debate sobre vigilancia: plantea la cuestión de qué límites debe tener el almacenamiento de datos de quienes observan la actuación de las fuerzas de seguridad, una actividad protegida en muchos sistemas legales.
- Para las empresas tecnológicas: reabre la discusión sobre su responsabilidad cuando suministran software que sus clientes gubernamentales usan de formas que otros consideran abusivas.
Nuestra lectura
Lo prudente es distinguir tres planos: lo que alega una demanda, lo que niegan las partes y lo que, en su momento, decida un tribunal. La información disponible apunta a un sistema de gestión de datos con alcance considerable y a una disputa abierta sobre quién define qué entra en él; no apunta, por ahora, a una prueba concluyente de los hechos alegados. Precisamente por eso conviene seguir el proceso, porque la respuesta a qué datos se pueden recoger sobre quienes observan a las autoridades es una cuestión de derechos que va más allá de una sola empresa.
Fuentes: Gizmodo (a partir de Wired), Geek Slop y Atlabyte.