El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 21 de septiembre un paquete de siete leyes sobre centros de datos que su oficina describe como las más completas del país. No prohiben ni limitan la construcción de estas instalaciones, que impulsa en buena parte la demanda de IA. Lo que hacen es otra cosa: obligarlas a asumir los costes de la red eléctrica que necesitan, en lugar de repartirlos entre el resto de los consumidores, y exigirles transparencia sobre su uso de electricidad, agua y suelo. Conviene entender bien qué cambia y qué queda por definir.
Qué se ha firmado
Según CalMatters, el paquete se reparte en tres bloques. Tres leyes, SB 1168, SB 886 y AB 2383, trasladan los costes de la infraestructura eléctrica desde los clientes residenciales hacia los operadores de centros de datos. Otras tres, AB 2469, AB 1577 y AB 2619, obligan a informar o estimar el uso de agua y de otros recursos. Y la SB 887 excluye a los centros de datos de las exenciones generales de revisión ambiental, aunque ofrece una tramitación acelerada a los que cumplan los estándares estatales de agua y energía. Según Reuters, los centros deberán divulgar datos sobre consumo eléctrico, agua, uso del suelo y necesidades de personal, para que las comunidades puedan evaluar los proyectos.
Quién paga la red
El núcleo económico está en las tarifas. Según el análisis del despacho Stoel Rives, la ley obliga a la Comisión de Servicios Públicos de California a exigir a cada compañía eléctrica una tarifa de servicio de generación con la que el centro de datos pague los aumentos de coste que provoca su demanda, con un mecanismo de pago de al menos diez años, cargos si no completa la interconexión, penalizaciones por terminación anticipada suficientes para proteger al resto de consumidores y garantías o pagos por adelantado. Otro resumen jurídico indica que la SB 886 exige nuevas tarifas antes del 1 de enero de 2028, con la asignación a los centros de datos de los costes de mejora de transmisión. La idea es evitar activos abandonados que paguen los ciudadanos si el proyecto no se materializa o consume menos de lo previsto.
Lo que las leyes no hacen
- No limitan la carga ni bloquean proyectos: según un análisis de MGrid, ninguna de las leyes fija un tope de potencia, impide un proyecto ni establece el umbral de megavatios a partir del cual se aplican las nuevas obligaciones. Esos umbrales están todavía por escribir.
- No se limitan a la IA: según otra cobertura, la legislación define los centros de datos por su infraestructura de computación, no por si entrenan o ejecutan modelos de IA.
- El detalle depende de los reguladores: buena parte del contenido práctico se decidirá en los procedimientos de la Comisión de Servicios Públicos.
El contexto político
La firma marca un cambio respecto al año pasado, cuando Newsom vetó un proyecto de divulgación de agua por el temor a frenar el crecimiento de la IA y solo aprobó un estudio ambiental reducido. Ahora el clima es distinto: una encuesta de Gallup de mayo indica que siete de cada diez estadounidenses se oponen a la construcción de centros de datos en su comunidad, y California alberga 296, la tercera cifra del país. La oficina del gobernador presenta las leyes como contraste con el presidente Trump, al que acusa de restar importancia a las preocupaciones ciudadanas, un marco político que conviene tener en cuenta al leer sus valoraciones.
Qué implica en la práctica
- Para los promotores: costes más previsibles pero más altos y garantías financieras desde el principio, algo que puede afectar a proyectos como los que financia Crusoe con sus fábricas de IA.
- Para las compañías eléctricas: una base legal para cobrar estos costes a quien los genera.
- Para los vecinos: más información antes de que se apruebe un proyecto.
- Para otros estados: un modelo que otros legisladores podrán copiar o rechazar, como ya ocurre con el debate sobre IA y clima.
Nuestra lectura
Es una regulación de costes y de transparencia, no de crecimiento, y por eso genera menos conflicto que un límite, pero también menos certeza: los umbrales y las tarifas determinarán si las leyes cambian de verdad la economía de un centro de datos. Lo relevante es el principio que consagra, que quien crea una necesidad de infraestructura paga por ella, algo que la industria discutirá en los detalles. Y conviene recordar que el consumo eléctrico de la IA seguirá creciendo, como ya veíamos con las fricciones de grandes proyectos como el Stargate de Oracle.
Fuentes: oficina del gobernador, CalMatters, Stoel Rives y MGrid.